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“Dos millones de niños pasan hambre en España y Leonor recibirá 102.464 € de fondos públicos”. ELPLURAL.COM-08/06/2014.

 

Uno de los atractivos de la Monarquía es que los reyes, príncipes, infantes y colaterales puede vivir perfectamente -y sin dar un palo al agua- a costa del honrado contribuyente, que tiene que ver impotente cómo se derrocha el dinero mientras hay ciudadanos que no tienen ningún tipo de ingresos, se destroza la Sanidad, se recorta la Educación, se encarece la Justicia y se propicia la distracción de fondos públicos.

Cuando todos los indicadores económicos y sociales se han encendido en rojo y se habla de que muchos niños, al acabar el curso académico y, por tanto, cerrar las escuelas, no podrán hacer este verano la única comida que venían haciendo en los comedores escolares es, como mínimo, curioso, que Cáritas Diocesana, ONG libre de toda sospecha, haga públicos unos datos que en cualquier país civilizado de Europa pondrían las orejas coloradas al respectivo Gobierno.

Cuando se constata que España va en segundo lugar -tras Rumanía- en riesgo de pobreza infantil y hay hogares en los cuales ninguno de sus moradores tiene trabajo ni ningún tipo de ingresos, vía subsidio o prestación municipal, autonómica o estatal,  Su Alteza la -hasta ahora- infanta Leonor recibirá, desde el momento de su proclamación como Princesa de Asturias y heredera por tanto del Trono, la bonita cantidad de 102.464 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (nosotros) como si no se  nos estuviera sangrando lo suficiente.

¿No debería la Infanta, hasta el momento se su efectiva subida al Trono, depender de sus padres como cada hijo de vecino? ¿Por qué un Príncipe -de Asturias o Cataluña, da igual- que de momento no tiene actividad institucional ninguna debe cobrar del Estado esa suculenta cantidad cuando hay niños que incluso tienen que ser ayudados por sus profesores y vecinos ante el riesgo de malnutrición?

¿No va siendo hora de revisar la Constitución en todo lo referente a una Monarquía que nos vino impuesta por el Dictador, aunque la refrendásemos en 1978 (venía incluida en el paquete), cuando aprobamos la Carta Magna? ¿Acaso se es menos español -y por ende patriota- por reclamar un revisión de la Ley de Leyes, incluidos los artículos relativos a las prerrogativas y privilegios tanto de la Corona como de la Iglesia, una Iglesia que condena el aborto pero calla ante situaciones de injusticia palmaria?

Vale.